El estado colombiano otorga cada año becas universitarias a los resguardos indígenas. Cada resguardo recibe un cierto número de becas en función al número de habitantes. Las becas están asignadas a universidades públicas específicas. Cada beca incluye, además de admisión y matrícula, plata para vivir sin pasar necesidades durante el tiempo que sean estudiantes (que si son hábiles se puede extender por más de una década) en la capital del departamento o en Bogotá o Medellín. Cada resguardo tiene autonomía a la hora de decidir a quién otorga las becas. Es un programa social con buenas intenciones, como todos.

En un resguardo indígena cerca del pueblo las becas las otorga el cacique a dedo. El cacique tiene un negocio con las becas que sobran cada año por simple falta de interesados (Supongo que la excusa es que si no se asignan todas las becas su número podría reducirse el año siguiente). Por una suma relativamente modesta considerando la magnitud del producto, o tal vez por unos cuantos votos para consolidar su poder político en la comunidad, la mamá trabajadora de un joven bachiller del pueblo que de otra manera jamás habría ido a la universidad (y que en términos prácticos está más desprotegido que el indígena promedio de la zona) adquiere una acreditación de su hijo como indígena seguida de la consabida beca.

Esto permite que el programa sea al mismo tiempo aprovechado indirectamente por personas que lo valoran y abusado por los regentes tradicionales de sus supuestos destinatarios. ¿Quién pierde?