Me decían hace poco que la política de libros libres de impuestos era ingeniería social. Lo correcto, según mi corresponsal, era la propuesta actual de cobrar impuestos por unos artículos que, al menos en Colombia, ya son de por sí un lujo. El argumento, según entendí, es que si solo los ricos compran libros pues no se afecta a los pobres clavándole un cinco por ciento de impuesto a su venta. Que este aumento de precio dificulte todavía más el acceso a libros de por sí exiguo de la mayoría de la población es irrelevante. Y ni hablar de considerar subsidios para, en cambio, reducir precios. La razón por la que oficializar el statu quo en cuanto a acceso (o falta de) a libros por medio de impuestos a su venta no es también considerado ingeniería social se me escapa. Tal parece que la etiqueta únicamente aplica a propuestas de corte progresista que promueven cambios en el funcionamiento o estructura del sistema social y nunca a la consolidación y refuerzo de lo establecido, aunque lo segundo también sea clara y tradicional ingeniería.