Las masacres tenían una estructura. Seguían una coreografía montada con cuidado sobre planos, en reuniones previas con militares, terratenientes, empresarios y políticos que aportaban información y recursos. Cada masacre era un trabajo metódico de equipo documentado en libros de contabilidad para entregar reportes a los diferentes interesados y permitir una ejecución replicable y predecible, escalable, sin contratiempos, sin responsables precisos y de impacto controlado. En las masacres se administraban la muerte y la opresión como se administra un negocio porque eran un negocio con intereses económicos y políticos concretos que se amalgamaron y consolidaron en el vacío de poder tras la caída de Escobar. Su objetivo era el control de territorios y habitantes; minería de cuerpos y respetos.

Las masacres eran una manifestación del estado. No provenían de su ausencia. El estado era, en las tierras colombianas asoladas por violencias, la presencia última y cruel que determinaba de una buena vez quién merecía qué y hacía ley. Cada pueblo arrasado era de golpe inaccesible e inaceptable en tanto que recién juzgado y condenado. Indagar en la masacre era cuestionar la autoridad (con caligrafía prolija de monaguillo) que la masacre representaba: la de la gente propia, recia e intachable que había decidido sacrificarse, tomar las riendas y hacer lo correcto así doliera (violara, mutilara, decapitara, rebanara, castrara, apaleara, torturara, abaleara, empalara, apuñalara, humillara, desplazara y desapareciera). Su brío sombrío nos rescataba.