Más obviedades: que la extensión de la televisión y otros medios de acceso y consumo sencillo promuevan un ejercicio de la política y el gobierno mediante el espectáculo (o que recurre a técnicas publicitarias para difundir su gestión o propuestas) no puede ser una excusa para que la política y el gobierno se vuelvan actividades que existen solamente como espectáculo o con el espectáculo complaciente como fin último. En un caso concreto, la transmisión en directo de eventos gubernamentales, legislativos o diplomáticos, con todos sus beneficios democratizantes, puede transformarse con facilidad en un escenario donde los servidores públicos se rinden al telepúblico (o aprovechan su telepresencia para fortalecer su imagen) en lugar de ejercer su labor. No se me ocurre una manera sencilla de impedir o al menos controlar este fenómeno pernicioso que no implique sacrificar apertura informativa. ¿Cuál debería ser el límite?